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A considerar por: las autoridades responsables en materia de adopción de los países de origen y países adoptantes (gobernantes y legisladores que firman acuerdos, elaboran leyes y eligen a las autoridades responsables en materia de adopción), por las Agencias o Entidades Colaboradoras (ECAI’s), por las autoridades judiciales que intervienen en la declaración de abandono y adoptabilidad de los menores, y por los responsables de la acreditación y control de las Entidades Colaboradoras (ECAI’s).

Sin olvidar a los medios de comunicación, los políticos, las familias adoptantes o acogedoras, las asociaciones de familias o de protección a la infancia, el voluntariado social, y, sobre todo, a los profesionales y responsables de instituciones públicas o privadas, que de forma directa o indirecta trabajan en relación con los acogimientos y adopciones, estableciendo los requisitos a cumplir, elaborando informes psicosociales, declaraciones de idoneidad, asignación de menores y todos los documentos que acompañan estos trámites, y a sus colegios profesionales.

1) Prevención y justicia social para evitar, al máximo, cualquier situación de riesgo en los menores, teniendo siempre en cuenta el derecho de todo menor a tener una familia.

2) Eliminar sistemas de márketing para la búsqueda de familias adoptantes o acogedoras.

3) Transparencia en la definición de términos de todas las cuestiones legales, en la separación de funciones y responsabilidades, en las actuaciones, requisitos y declaraciones que intervienen en los procesos mencionados anteriormente.

4) Información por escrito, autentificada, clara y completa, en todas las fases del proceso, anterior a la toma de decisiones de cualquier parte implicada.

5) Control: establecimiento en cada país de un órgano superior de control y comunicación de todos los estamentos implicados, con mecanismos de acceso claros y accesibles a instancia de cualquiera de las partes interesadas.

6) Discreción y respeto a las historias personales previas, especialmente de los menores, de las que deberán estar informados los futuros adoptantes.

7) Respeto al turno de solicitantes en los procesos de asignación de menores, una vez cumplidos los requisitos pertinentes.

8) Derecho de los solicitantes para aceptar o no, sin presiones, menores con necesidades especiales o con información manipulada sobre su situación real física y psíquica.

9) No discriminación de los solicitantes por razones económicas, de formación cultural, edad, estado civil o de hecho, orientación sexual, etc.

10) Celeridad y Eficacia: dotar a los organismos responsables de los medios necesarios para la formación y profesionalización de las partes, para agilizar al máximo las distintas fases de los procesos mencionados y para lograr un correcto cumplimiento de los puntos anteriores.